Recurrirá a la SCJN cuando considere en riesgo la seguridad nacional
La decisión de diputados rompe el espíritu de autonomía institucional: Movimiento Ciudadano
La Cámara de Diputados modificó la minuta del Senado de reforma constitucional en materia de transparencia, para permitir que la Presidencia de la República pueda impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitudes de información pública cuando considere que puedan afectar a la seguridad nacional.
Con una amplia mayoría, diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Partido Verde y Nueva Alianza, acompañados de un sector del de la Revolución Democrática (PRD), aprobaron el dictamen y devolvieron la minuta al Senado.
Las bancadas de Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo (PT) reprobaron el contenido de la reforma, al argumentar que permitir a Los Pinos, a través de su consejería jurídica, impugnar las resoluciones del órgano garante de la información pública romperá el espíritu de autonomía que se le pretende conceder.
Después de una amplia negociación, los grupos parlamentarios suprimieron del dictamen la facultad que se concedía a la Procuraduría General de la República, al Banco de México y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para impugnar solicitudes de información pública ante la Corte.
No obstante, al confirmar esa atribución a la Presidencia de la República, las resoluciones del órgano garante de la información pública continuarán siendo atacables.
Durante la segunda sesión del periodo extraordinario de sesiones, las comisiones de Puntos Constitucionales, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Transparencia depuraron el proyecto de dictamen, y se argumentó que con ello se conservó el espíritu de la minuta del Senado.
Fundamentalmente se introdujo en el texto que las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, y se conservó este carácter para los partidos políticos y sindicatos, como disponía la minuta de los senadores.
En el caso de la atribución al consejero jurídico de la Presidencia, la minuta señala que podrá interponer recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que indica la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley en la materia.
La decisión fue impugnada por el Movimiento Ciudadano y el PT, que consideraron que al permitir al Ejecutivo la intervención a través de la consejería jurídica se abre una ventana de participación legal que romperá la autonomía deseada para el instituto.
Se ratificó que los actuales comisionados serán removidos, pero que podrán participar en el nuevo proceso de selección a cargo de la Cámara de Senadores, que nombrará a los nuevos integrantes del órgano garante con el voto de las dos terceras partes de los legisladores.
Durante el debate del dictamen, el vicecoordinador del PRI, Héctor Gutiérrez de la Garza, sostuvo que la aprobación de la reforma cumple uno de los compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto.
Empero, la diputada Elizabeth Yáñez (PAN) cuestionó que el tricolor pretendía dejar fuera de la obligación de rendir cuentas del dinero que utilizan partidos y sindicatos, e incluso afirmó: todavía el pueblo está esperando la declaración patrimonial de Peña Nieto.
Con desafortunado tino, el diputado del Partido Verde Rubén Acosta quiso defender al mandatario del embate panista. El Presidente no sólo es del PRI, también es verde.
El Presidente es muy verde
Desde la silla a guisa de curul, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, se solazó: ¡Pero muuuuuuuuy verde!
El coordinador de esa bancada, Ricardo Monreal Ávila, objetó que el cambio introducido a la minuta constituye una excepción al derecho fundamental de la información pública.
Refirió que los acuerdos PRI-PAN-PRD para una reforma en materia de transparencia se desarrolló en un proceso opaco, negociado a espaldas de los ciudadanos, excluyente y que cerró el paso al diálogo constructivo.
Monreal consideró inadmisible que se le concedan facultades al Ejecutivo de impugnar solicitudes de transparencia, porque con ello se cierran los canales de la información.
Los grupos parlamentarios de PRD, PT y Movimiento Ciudadano presentaron 25 reservas que fueron desechadas por la mayoría.
Manuel Huerta (PT) cerró: Lo que nos espera ahora son más mentiras y mentiras.
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