La cifra es tan grande, que cuesta imaginarla: 97 mil 669 millones 400 mil pesos. Esa es la cantidad que, desde 2009 y hasta junio pasado, se ha recaudado por este impuesto especial
La cifra es tan grande, que cuesta imaginarla: 97 mil 669 millones 400 mil pesos. Esa es la cantidad que, desde 2009 y hasta junio pasado, se ha recaudado por el aumento de la gasolina. Un impuesto cuyos fondos recaudados han ido a dar a las arcas de los 31 Estados y del DF, y que es imposible saber cómo se han usado.
Debido a que es una participación federal, cuyo destino no se etiqueta, los recursos han ingresado a las tesorerías estatales para gasto corriente.
El Estado de México, Veracruz, Jalisco, DF y Chiapas son las cinco entidades que mayor proporción reciben de estos recursos, de acuerdo con los informes públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En diciembre 2007, cuándo la Cámara de Diputados aprobó por primera vez este impuesto especial para apoyar a las finanzas de los Estados, se propuso que fueran para obras de medio ambiente e infraestructura. Sin embargo, un grupo de legisladores lo impugnó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio la razón, argumentando que no se podía violentar la autonomía de Estados y Municipios en el ejercicio de su gasto.
Si el Congreso no cambia de opinión, ya hay una fecha para el fin del aumento de la gasolina: el 1 de enero de 2015.
Para el especialista Xavier Treviño, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), este impuesto debería compensar el “altísimo subsidio público al precio de la gasolina” y, además, mitigar el impacto ambiental y social del consumo de combustibles.
“No debería ser para gasto corriente. El destino de los recursos recaudados debe por lo tanto estar etiquetado al menos una parte para inversiones de alto valor social y ambiental, no dejarlos a la decisión de la estructura burocrática y política de los estados”, consideró.
El economista Gerardo Esquivel, de El Colegio de México, explicó que el aumento de la gasolina enfrenta falta de rendición de cuentas. “En un mundo ideal”, dijo, “deberían utilizarse los recursos en políticas más eficientes, las cuales pueden ser tipo política social o construcción de infraestructura”.
Vidal Llerenas, diputado de la ALDF y ex Secretario de Finanzas local, explicó que el aumento de la gasolina surgió para sustituir la eliminación de la tenencia: “La idea es que acabara en 2012, pero se ha prolongado. Por ser una participación federal, no se etiqueta y digamos que entra al fondo general de cada Tesorería”.
¿En qué consiste el aumento de la gasolina?
En diciembre de 2007, el presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de presupuesto para el siguiente año, en la que apareció por primera vez la propuesta que fue bautizada como “gasolinazo”, aunque en realidad se conoce como Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para gasolinas y diesel.
Este gravamen buscó dar más recursos a los Estados del país y a la Ciudad de México, y quedó establecido en el artículo 2A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
La legislación planteó que el aumento por litro de combustible fuera gradual durante 18 meses, es decir, durante 2008 y hasta junio de 2009, hasta llegar al tope por litro de 36 centavos adicionales para Magna, 43 para Premium y 29 para Diesel.
Para Magna, por ejemplo, se aprobó que sumara un sobreprecio mensual de 2 centavos, hasta llegar a los 36 centavos en junio de 2009.
Estos montos, desde entonces, han estado fijos en el precio de cada litro, pero que son independientes de los aumentos que continúan cada mes y que son una reducción del subsidio que da el Gobierno.
La Ley de Coordinación Fiscal establece que los recursos del IEPS serán captados por el Gobierno estatal donde hayan sido generados.
El total se dividirá en once partes: nueve se darán a los Estados donde se obtuvieron los recursos y las otras dos partes irán a un Fondo de Compensación para poyar a las entidades que registran el menor Producto Interno Bruto (PIB) por no contar con actividad minera ni petrolera.
Los Estados que reciben el Fondo, son Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.
La Ley de Coordinación Fiscal establece que cada Estado destinará 20 por ciento a municipios y el 80 por ciento a sus propias finanzas. Y es ahí donde la transparencia enfrenta un obstáculo.
A través de solicitudes de información a todas las entidades, se solicitó conocer cómo se han usado estos recursos. El DF, la cuarta entidad que más recursos capta, señaló que es imposible identificar los rubros o programas a dónde se ha ido este dinero. Aguascalientes, por ejemplo, informó que ha dado el 23 por ciento a sus municipios y el resto ha ido a su gasto corriente. Otros Estados ni siquiera dieron el desglose municipal. Chihuahua fue el único que detalló el dinero destinado a cada municipio.
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