La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participa en la descomposición institucional en México.
Su negativa a transparentar las cuentas y bienes de los diputados federales y, en consecuencia, de todos los funcionarios y representantes del Estado mexicano, exhibe la descomposición de la vida pública y la gran debilidad de su sistema democrático.
En la práctica, deja la puerta abierta para que sigan existiendo los Granier, las Elbas, los Reynoso, los alcaldes que reciben bolsas de dinero, las “confusiones” como las de los senadores del PAN para repartirse 16 millones de pesos –de una bolsa de más de 200 millones–, y una interminable y vergonzosa lista que hacen de la clase política de México una de las más corruptas del mundo. Una verdadera cleptocracia, el gobierno de los que roban.
Por una mayoría de seis votos, el pleno de ministros de la Suprema Corte negó este jueves un amparo promovido por la organización no gubernamental Fundar en contra de la negativa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de dar a conocer las declaraciones patrimoniales de los diputados federales.
La ASF es un ente de la Cámara de Diputados encargada de la revisión de las cuentas públicas y del desempeño de quienes ejercen los poderes formales del Estado mexicano. Pero de poco ha servido para sancionar la corrupción en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
En su revisión anual elabora un informe sobre las anomalías e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos. Hace numerosas observaciones y las da a conocer. Pero después, sin informar cómo ni cuándo, las da por “solevantadas”. En el mejor de los casos, da vista al Ministerio Público y no se vuelve a saber nada. Una cara más de la impunidad.
Ni la ASF ni la SCJN están a la altura de lo que es el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas en una verdadera democracia.
El voto mayoritario en el máximo tribunal declaró la validez constitucional del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Según ese artículo, la Secretaría de la Función Pública –que Peña Nieto propuso convertir en una Comisión Anticorrupción– lleva un registro con las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, referidas a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos. Pero sólo se puede hacer público con el consentimiento del funcionario.
El pleno rechazó el proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien consideró que esa disposición viola el artículo Sexto de la Constitución en lo relativo al acceso a la información y a la máxima publicidad. Sólo tuvo el respaldo de Sergio Valls y del ministro presidente Juan Silva Meza. Con matices, los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero favorecieron la apertura.
Más allá de su justificación técnica, los ministros tienen sus propias razones para mantener la opacidad. Desde siempre, se han negado a que se revise su patrimonio. No quieren que se sepa cuánto tienen y cómo lo obtuvieron.
Tan sólo por sus sueldos de iluminados, son millonarios. Por años, algunos de ellos antes han sido litigantes, notarios o académicos. Otros, jueces, administradores judiciales o funcionarios en el Ejecutivo.
No es posible saber si cobran por favores, por impulsar o detener juicios. La opacidad atenta incluso contra ellos, pues caen fácilmente en el chantaje cuando se trata de votaciones importantes.
La Corte abordará de nuevo el tema. Un nuevo ministro hará un nuevo proyecto. Pero no hay un plazo, tampoco razones para que cambie de opinión el bloque formado por los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
En el caso de los diputados, tampoco es posible conocer sus arreglos con las empresas de cabildeo para el destino de ciertas leyes. Tampoco se puede saber quiénes les pagan los viajes u otras cuentas. O, de plano, si algunos tienen arreglos con la delincuencia organizada. Del Senado, lo mismo. Y en los tres niveles de gobierno los millonarios abundan.
La negativa de la Corte también beneficia a las entidades autónomas, incluidas todas esas comisiones creadas en los últimos años, que además de darle más posiciones de poder al presidente de la República, sólo han descentralizado la toma de decisiones y, en consecuencia, de los beneficios que se pueden obtener en el ejercicio del poder.
jcarrasco@proceso.com.mx
Twitter: @jorgecarrascoa
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