CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Habitantes del poblado de Atliaca, municipio de Tixtla de Guerrero, quienes desde hace una semana decidieron confrontar directamente a la delincuencia y desplazar a las autoridades, acordaron suspender las clases ante el temor de una ofensiva de los criminales.
Además, reprocharon que tanto el Ejército como la Policía Preventiva Estatal se retiraran de la zona, y advirtieron que los retenes de civiles armados continuarán en esa comunidad indígena de la región Centro.
En una asamblea popular realizada ayer, los pobladores también exigieron la presencia del gobernador Ángel Aguirre y la permanencia de las fuerzas federales en la zona, además del cumplimiento del acuerdo firmado el pasado martes 22 por autoridades estatales y federales, donde se comprometieron a instrumentar el programa Escuela Segura.
La comunidad de Atliaca decidió suspender labores en ocho planteles escolares –siete de nivel básico y uno superior– en tanto no se garantice la seguridad de la población y las autoridades erradiquen las células criminales que operan en la región, específicamente en la cabecera municipal de Tuxtla, donde el pasado fin de semana la delincuencia organizada impuso un toque de queda.
Hasta ahora, grupos de civiles armados se mantienen en los poblados de Acatempa y Atliaca, respaldados por un grupo de policías municipales.
Según los pobladores, los soldados y policías estatales que habían arribado a la comunidad se retiraron la semana pasada sin explicar los motivos.
Alistan juicio popular en la Costa Chica
Vecinos de la región de la Costa Chica, quienes desde el pasado sábado 5 instrumentaron movilizaciones armadas de autodefensa en al menos cinco municipios, anunciaron que el próximo jueves 31 someterán a juicio popular a más de 30 personas que permanecen retenidas por sus presuntos vínculos con la delincuencia.
En un comunicado informaron que en El Mesón, comunidad localizada en el municipio de Ayutla de los Libres, se instalará el Tribunal de Justicia Comunitaria, con el propósito de impartir justicia mediante usos y costumbres de los pueblos indígenas de la región.
Señalaron que se trata de una asamblea pública, cuyas decisiones recaen en los pueblos organizados.
“Les adelantamos que así como sucedió en la Costa-Montaña, nos alejaremos de todas las formas corruptas de lo que le dicen justicia en nuestro país. Estamos pensando en reeducación y no en prisión, estamos pensando en las familias afectadas, y eso incluye a las de los resguardados; estamos pensando en que reparen el daño que hicieron con trabajo comunitario y no con dinero”, indicaron.
Recordaron que el pasado viernes18 el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, visitó a un grupo de presuntos delincuentes retenidos por pobladores y policías comunitarios en casas de seguridad, para constatar su estado de salud.
En contraste, reprocharon, las familias de quienes fueron “asesinados, abusadas sexualmente, extorsionados y secuestrados, nunca recibieron visita alguna de los organismos defensores de derechos humanos ni de las autoridades gubernamentales.
“Por eso hoy la justicia la ejercemos nosotros, pero no de forma cualquiera, sino de una forma comunitaria. No es con ganas de destruir a ninguna persona, es con ganas de que enderece su camino”, remata el comunicado difundido por los pobladores de la región de la Costa Chica que se organizaron en un movimiento de autodefensa contra la ola delincuencial y “la criminal indolencia gubernamental”.
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