MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de más de una hora de comparecencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el etnólogo Sergio Raúl Arroyo, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dejó satisfechos a los legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión –según su votación– con sus respuestas sobre el caso de la tienda Walmart en Teotihuacán.
Los más inquisitivos e insistentes fueron el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), quien el pasado 16 de enero presentó el punto de acuerdo para citar a comparecer al etnólogo; y el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El primero de plano le espetó a Arroyo que si bien cuando se construyó la bodega Aurrerá en San Juan Teotihuacán se pudo hablar de cuestiones ideológicas, quizá basados en la declaración del escritor Homero Aridjis que dijo se había “clavado una estaca en el corazón del México antiguo”, hoy hay “una presunción de soborno, una presunción de corrupción de que el director del INAH, cuando menos la investigación que arrojan dos senadores estadounidenses, recibió 400 mil pesos para la anuencia de la instalación de esta bodega comercial… y 150 mil pesos con motivo de un regalo personal”.
Lo acusó además de “echar la pelota” a las autoridades municipales con el argumento de que son las que autorizan los usos del suelo y son autores de los planes parciales de desarrollo. El INAH, expuso el senador, tiene atribuciones en todo el país para velar por el patrimonio y no puede “dejarse a la ligera que no otorgan los permisos, como dijo el director”.
En el mismo tenor, el senador Demédicis declaró:
“Dudo mucho que los senadores del Congreso de Estados Unidos estén levantando calumnias, y si levantaron calumnias, el ciudadano director ha señalado en diferentes medios que va a presentar denuncias. Yo si quiero preguntarle si ya presentó las denuncias y contra quién”.
Cuestionó también si es que Arroyo García ha presentado denuncias contra los diarios extranjeros como The New York Times, Washigton Post y Le Figaro que, dijo, mencionaron su nombre en el caso de los supuestos sobornos que la cadena Walmart dio para que le permitieran instalarse en el pueblo de San Juan Teotihuacán, a un costado de la zona arqueológica, en el Estado de México.
El etnólogo respondió a los senadores que no se está “pasando el tema a otra instancia”, sino que él afirma que es competencia de los municipios determinar los usos del suelo. Y la del INAH, de acuerdo con su ley orgánica, es revisar que en el área donde se va a realizar una construcción no haya vestigios arqueológicos y no se dañe nada inherente al patrimonio cultural, y ese fue el trabajo que se hizo en el caso de Teotihuacán y “he tratado en esta presentación de probarlo”.
A la pregunta directa de si acaso están calumniando los congresistas estadunidenses, el funcionario del INAH aseguró a los legisladores mexicanos que hay una confusión en el sentido de creer que fueron los congresistas quienes hacen una acusación, cuando lo que hicieron fue dar lectura a una carta –que ellos mismos admiten es filtrada–, en la que un exempleado de Walmart, que trabajaba en México, de nombre Sergio Cícero Zapata, hace las acusaciones contra la cadena, con la cual tuvo una controversia laboral.
La lectura de esa carta, a decir del etnólogo no es ni casuística ni aislada, pues la empresa Walmart tiene graves problemas por su perfil antisindicalista, por desplazar al comercio tradicional en zonas como Teotihuacán y barrios de la Ciudad de México, y por tener confrontaciones relacionadas con la expansión comercial con diferentes empresas en México:
“Los controles que tiene el INAH no pueden acotar estos desplazamientos de mercado, no tenemos esas facultades y puedo mostrarlo, en eso no tenemos ninguna duda. Me preocupa que a nivel de lo que son los medios una información sesgada se convierta en una verdad indubitable.”
Apeló a su trayectoria académica y de funcionario en diferentes instituciones culturales del país, para insistir en que toda su vida ha trabajado “por esto y no estoy dispuesto, en absoluto a admitir ninguna acusación infundada, lo único que he pedido es que en todas estas cosas se presenten pruebas, es lo menos que se puede hacer”.
Pidió que si alguien tiene alguna prueba contundente sobre alguna responsabilidad de su parte o de algún otro funcionario del INAH la presente y entonces estará dispuesto a afrontarlo e insistió en que en el Instituto se actuó limpiamente. Lo dice, agregó, no sólo por él, sino por el propio INAH, “una institución respetable, que ha preservado como nadie en el mundo el patrimonio cultural de México”.
Comunicado de Walmart
En la comparecencia, realizada en el marco de la quinta Reunión de Trabajo de las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la segunda Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, estuvieron la senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN; el diputado Raymundo King de la Rosa, del PRD; y la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado.
Ante ellos Arroyo García expuso la necesidad de dar al INAH mayores atribuciones para intervenir en los planes parciales de desarrollo y las licencias de uso de suelo de los municipios, a fin de poder realmente evitar que se tomen decisiones que afecten al patrimonio cultural, relacionadas con esos aspectos, como fue el caso del Walmart en Teotihuacán, que fue autorizado por el entonces presidente municipal Guillermo Rodrigo Céspedes, del PRD.
Acompañado del antropólogo y especialista en leyes de patrimonio Bolfy Cottom, actual secretario técnico del INAH, y por la arqueóloga Verónica Ortega, responsable en su momento del salvamento arqueológico en la zona, Arroyo expuso lo que ha sostenido ante varios medios de comunicación:
Que el INAH no actuó irregularmente, sino en el marco de las competencias que la ley le confiere, y de las cuales no puede extralimitarse a riesgo de ser objeto de demandas millonarias.
En otro orden, respondió a la pregunta de si conoce a Graco Ramírez, actual gobernador de Morelos, cuyo nombre también fue señalado en el caso Walmart, y dijo que lo conoce y respeta como personaje público pero no ha tenido nunca una relación personal con él.
Acerca del tema de la denuncia por calumnias, el etnólogo informó a los legisladores que el pasado 21 de enero hizo una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, “derivada de diversos informes en medios de comunicación en los que se afirma que servidores públicos del Instituto recibieron sobornos por permisos”; y dijo que llegará en esa denuncia “hasta sus últimas consecuencias”.
A los medios de comunicación, agregó al final de la comparecencia, que la denuncia no es contra ninguna persona o instancia en particular, sino contra quien resulte responsable.
Los senadores Demédicis y Martínez fueron los únicos en replicar para insistir en sus dudas. Martínez para preguntar qué se debe hacer para que el INAH no encuentre los “subterfugios legales” que le hagan decir que no tiene injerencia en las licencias de uso de suelo y planes parciales de desarrollo de los municipios; y el primero, para señalar que hay una investigación en curso en Estados Unidos y los senadores mexicanos pedirán la información del caso.
No se trata, a decir suyo, de “una cacería de brujas, pero “si usted incurrió o no incurrió la investigación arrojará resultados concretos y la comparecencia de hoy sirve para dar una luz a los que tenemos obligación de investigar.
Como si se tratara de un juez y no de un legislador agregó:
“La impunidad lastima mucho a nuestro pueblo y no podemos permitir que siga cabalgando a lo largo y ancho de esta nación… Los que resulten responsables, sí le aseguro, van a ser sancionados con todo el peso de la ley.”
Arroyo le respondió:
“Estoy de acuerdo, la impunidad hace mucho daño, pero también hacen daño las opiniones falsas y me siento con el derecho, como ciudadano mexicano con responsabilidades en la función pública, de exigir que se den en este tipo de cosas pruebas. Y más allá de los escándalos mediáticos, tengamos la seriedad de mostrar realmente lo que está pasando, estoy cierto de que ni yo ni ningún otro funcionario del Instituto hemos cometido ninguna irregularidad.”
Luego no hubo más réplicas. Se preguntó a los legisladores si consideraban suficientemente discutido el asunto, y satisfechos con las respuestas dadas por el etnólogo. La conclusión fue que sí y terminó la comparecencia.
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