La verdad... esta noticia me puso muy feliz.
MÉXICO, D.F. (apro).- A partir de este miércoles, el gobierno del Distrito Federal castigará con cárcel a quien maltrate a cualquier especie animal.
De acuerdo con las reformas publicadas hoy en la Gaceta Oficial, el maltrato y asesinato de un animal doméstico o silvestre, incluidos perros o gatos callejeros, será un delito que podría alcanzar una pena de hasta seis años de cárcel si además se hace con mecanismos de tortura o extrema crueldad.
En el Código penal, el gobierno de Miguel Ángel Mancera adicionó los artículos 350 Bis y 350 Ter, en los que se aborda el tema del maltrato y homicidio de lo que la ley definió como “animales no humanos”.
El artículo 350 Bis sanciona con una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario mínimo a quien intencionalmente realice actos de maltrato o crueldad que provoquen lesiones evidentes en el animal, sin que pongan en peligro su vida.
Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal, la pena se incrementa en una mitad, es decir que la persona que cometa el acto podría alcanzar hasta cuatro años y medio de prisión.
El artículo 350 sanciona con una pena de dos a cuatro años de cárcel, y 200 a 400 días de multa, a quien cometa actos de crueldad o maltratos a un animal con la intención de asesinarlo y le provoque la muerte.
Si se usan métodos de extrema crueldad, la sanción se incrementa en una mitad, es decir, podría alcanzar seis años.
Además, la persona que incurra en este delito perderá la posesión de todos los animales que tenga bajo su cuidado, los cuales serán llevados a asociaciones protectoras.
La reforma establece que se entiende por “animal” al organismo vivo no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente, y que pertenezcan a una especie doméstica o silvestre.
Y precisa que los animales abandonados o callejeros no son considerados plaga.
La reforma también adiciona un párrafo al artículo 54, en el que se establece que las asociaciones protectoras de animales podrán solicitar al Ministerio Público la custodia de animales asegurados de forma definitiva.
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