Guillermo Rodríguez Curiel reiteró la crítica hacia la PGJ y a las declaraciones del subsecretario Enrique Ampudia, que sin elementos han descartado la versión de su defensa ambiental como causa del asesinato ¦ Foto Platanegra.mx
Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la organización La Asamblea Veracruzana de iniciativa y Defensa Ambiental (Lavida), aseguró que cuentan con un testigo que puede comprobar que el ambientalista Noé Vázquez Ortiz fue mandado a asesinar por los empresarios Claudio X. González y Guillermo González Guajardo, propietarios del proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal.
Por ello, reiteró la crítica hacia la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y a las declaraciones del subsecretario de Gobierno, Enrique Ampudia Mello, quienes sin mayor prueba han descartado la versión de su defensa ambiental como causa del asesinato, pues aseguró existen registros de que ambos empresarios habían amenazado a personas a vender sus tierras para echar a andar el proyecto de la hidroeléctrica.
Comentó que integrantes de Lavida y del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) han coincidido en señalar directamente a Claudio X. González y Guillermo González Guardado de haber contratado a sicarios para asesinar a Noé Vázquez Ortiz del Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre por participar de manera activa en contra del proyecto hidroeléctrico El Naranjal. “Sé que son declaraciones fuertes y sé que no las puedo decir de manera irresponsable, pero contamos con un testigo, que dará fe de estos hechos, que serán presentados ante las instancias correspondientes”, agregó.
Rodríguez Curiel también acusó una negligencia de parte de autoridades estatales en el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, pues desde hace dos semanas, enviaron solicitudes de seguridad para los participantes del IX encuentro nacional contra las presas. “Además de que se comprometieron a que así sería, les expusimos a las autoridades del orden, que los empresarios Claudio X. González y Guillermo Guardado estaban amenazando directamente a varios ciudadanos de la zona para que les vendan la tierra y para que no se realicen actividades en contra de la represa; pero las autoridades dudaron de nuestros dichos”, añadió.
Igualmente recordó que hasta el momento no se ha publicado en la Gaceta Oficial del estado el decreto donde se establece como área natural protegida a 31 mil 790 hectáreas de la barranca Metlac, Río Blanco y Amatlán con lo cual se daría fin al proyecto de la presa hidroeléctrica.
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