Organizaciones sociales y campesinas responsabilizaron al gobierno estatal de los sucesos violentos ocurridos en Tila y Venustiano Carranza que dejaron tres muertos, casas quemadas y unas 50 familias desplazadas, al no atender los conflictos agrarios en esa y otras regiones de la entidad.
La Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC), que lidera José Manuel Hernández Martínez, se deslindó de los sucesos violentos ocurridos en la cabecera municipal.
Este grupo de campesinos, encabezados por El Chema, recordaron cómo ellos también fueron expulsados en 1999 de la OCEZ-Casa del Pueblo por los ahora perseguidos Bartolomé Pérez Martínez y Ángel Hidalgo Espinosa.
Las 78 familias expulsadas se asentaron entonces en el predio El Relleno, ahora conocido como comunidad 28 de Junio, donde se hacen llamar OCEZ-RC, junto a otras comunidades circunvecinas.
“Nuestra Organización se deslinda de todos los acontecimientos que se han desarrollado y se están desarrollando en la Casa del Pueblo, en que por diferentes medios los paramilitares pretenden involucrarnos para dañar el desarrollo organizativo político y productivo de nuestra organización, se advierte en la misiva que leyó esta tarde Uberlaín Martínez, vocero de la OCEZ-RC.
También señaló que ellos han demandado el pago y la regularización de 738 hectáreas, la dotación de tierras para cinco nuevos grupos de solicitantes, la entrega de 95 permisos de mototaxi, proyectos productivos, viviendas, salud, educación y el seguimiento de sus diferentes demandas planteadas en la mesa de diálogo y negociación, temas pendientes desde el gobierno de Juan Sabines.
Luego indicó que los incidentes más recientes fueron expuestos por las partes en conflicto a las puertas de Palacio de Gobierno y nunca fueron escuchados. Y que tuvo que estallar el conflicto de esa forma para que el gobierno decidiera intervenir.
Por su parte la otra OCEZ, pero ésta integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), señaló que los responsables de la violencia son Bartolomé Pérez Martínez, Ángel Hidalgo Espinoza, Alfredo López Núñez y Antonio Martínez Calvo, quienes pertenecen al grupo OCEZ-Chiapas.
La OCEZ-FNLS detalló que la agresión la empezaron los miembros de la OCEZ-Chiapas en la madrugada del domingo 5:
“Persiguieron y dispararon a varios compañeros con armas de alto calibre en el barrio de San Francisco. Posteriormente, como a las cuatro de la mañana, estos mismos hechos se cometieron por personas encapuchadas y armadas de la OCEZ-Chiapas, quienes en sus barrios comenzaron a disparar a sus propios domicilios, en puertas y ventanas, para provocar y responsabilizar nuevamente a los comuneros de la OCEZ-Casa del Pueblo”.
Sin embargo, “al no haber intervención y respuesta de las autoridades, la gente de los barrios convocó a reunión para tomar acuerdos y enfrentar los disturbios, decidiendo desalojar y quemar las viviendas del grupo inconforme de OCEZ-Chiapas, quienes sólo las ocupaban como punto estratégico para intimidar y provocar a la comunidad.
“Nosotros como indígenas y campesinos no dejaremos de luchar para defender nuestros patrimonios comunales, y exigimos una pronta solución al conflicto para trabajar en paz y mantener la calma en nuestro municipio”, insistió la OCEZ-FNLS.
Otra media docena de organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste, Unión de Transportistas El Quetzalito, Colectivo Tsoblej de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM), indicaron que los hechos son responsabilidad del gobierno estatal por desatender la conflictividad agraria.
“Ante un gobierno nuevo como el de Manuel Velasco Coello, las fieras caciquiles no sólo aprovechan su fuerza de poder y la debilidad de éste para imponer sus políticas fascistas, para desplazarlo, inventando miles de artimañas para desestabilizarlo, desatando el terrorismo policiaco y paramilitar, utilizando a sus provocadores para llegar a los asesinatos y las masacres y justificar la ingobernabilidad”, denunciaron las ONG en un pronunciamiento conjunto.
Ante la pasividad del gobierno, recordaron, la respuesta de los comuneros fue inmediata: resolver por la vía de los hechos la expulsión del grupo paramilitar que, con el apoyo del gobierno, ha generado el terror en la región.
En el caso de Petalcingo, municipio de Tila, señalaron que grupos de paramilitares –unos priistas y otros verde ecologistas– se vienen enfrentando desde que inicio el proceso electoral.
“Ya impuesto el candidato del PRI, los enfrentamientos continuaron, pero el gobierno siempre trató de lavarse las manos y de manera pueril trató de acusar al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de estar involucrado en esos hechos, cuando el FNLS jamás ha pertenecido ni será parte de ningún partido político electorero.
Asimismo, el Movimiento Obrero Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Plan de Ayala-Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) condenó hechos y salió en defensa de la OCEZ-Chiapas, al señalar que el grupo de los 49 ahora perseguidos y expulsados nada tiene que ver con el robo de las 65 cabezas de ganado que les adjudican.
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