Las condiciones del mercado laboral en el país no muestran mejoría: la tasa de desempleo y el nivel de informalidad prácticamente fueron los mismos en el primer trimestre del presente año que los registrados en el mismo periodo de 2012, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer los datos estructurales de ocupación y empleo, el organismo presidido por Eduardo Sojo señaló que entre enero y marzo unos 2.5 millones de mexicanos cayeron en las filas del desempleo.
En otras palabras, 4.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en busca de un trabajo o simplemente no encontró un lugar dónde desempeñarse para obtener recursos. Sin embargo, esta tasa de desocupación es la misma de un año antes.
No sólo eso: de los 47.7 millones de personas ocupadas, prácticamente 60% labora en condiciones precarias, sin salarios fijos, sin prestaciones laborales ni seguridad social.
Es decir, en el primer trimestre del año unos 28.1 millones de mexicanos se colocaron en la informalidad, cifra apenas 0.2% menor a la del mismo periodo del año pasado, cuando 28.2 millones laboraban precariamente, lo que significa que hubo una pírrica disminución del sector informal.
Según el Inegi, la informalidad es caracterizada por el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.
Por otra parte, 8.2% de las personas ocupadas tuvieron la necesidad de laborar horas extra ante la insuficiencia de sus salarios en los primeros tres meses de 2013. Lo que significa que 3.9 millones de mexicanos estuvieron en la subocupación
.
De la población ocupada, la mayoría sostiene actividades en el sector terciario o de servicios, donde se concentran 29.7 millones de personas (62.3%). Esa población realiza labores de comercio; restaurantes y servicios de alojamiento; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento; servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales, así como servicios diversos.
El otro sector que abarca a 11.3 millones de trabajadores (23.7%) es el secundario, en el que la mayoría trabaja para la
industria manufacturera; la industria extractiva y de la electricidad, así como el sector de la construcción.
Mientras que en el sector agropecuario laboran 6.4 millones de personas (13.4% del total).
En diciembre pasado, la iniciativa privada alertó por los elevados niveles de informalidad prevalecientes en el país, ya que 6 de cada 10 mexicanos ocupados están en esta situación, por lo que hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a reactivar “de inmediato” los trabajos de la comisión intersecretarial para combatir no sólo la informalidad sino la economía ilegal, que incluye piratería, contrabando y ambulantaje.
Hasta la fecha, el Ejecutivo federal sólo ha mandado señales de atacar el problema mediante una reforma hacendaria.
De hecho, el martes 7, el secretario de Hacienda Luis Videgaray sostuvo que “tendrá varios objetivos, incluyendo el que sea una reforma que promueva la competitividad de la economía, simplifique el marco fiscal, fortalezca la capacidad financiera del Estado mexicano, no solamente del gobierno federal sino de los tres niveles de gobierno, y uno de los objetivos principales será combatir la informalidad”.
En tanto, la presentación de esa reforma está planeada para el segundo semestre del año.
Al dar a conocer los datos estructurales de ocupación y empleo, el organismo presidido por Eduardo Sojo señaló que entre enero y marzo unos 2.5 millones de mexicanos cayeron en las filas del desempleo.
En otras palabras, 4.9% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en busca de un trabajo o simplemente no encontró un lugar dónde desempeñarse para obtener recursos. Sin embargo, esta tasa de desocupación es la misma de un año antes.
No sólo eso: de los 47.7 millones de personas ocupadas, prácticamente 60% labora en condiciones precarias, sin salarios fijos, sin prestaciones laborales ni seguridad social.
Es decir, en el primer trimestre del año unos 28.1 millones de mexicanos se colocaron en la informalidad, cifra apenas 0.2% menor a la del mismo periodo del año pasado, cuando 28.2 millones laboraban precariamente, lo que significa que hubo una pírrica disminución del sector informal.
Según el Inegi, la informalidad es caracterizada por el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.
Por otra parte, 8.2% de las personas ocupadas tuvieron la necesidad de laborar horas extra ante la insuficiencia de sus salarios en los primeros tres meses de 2013. Lo que significa que 3.9 millones de mexicanos estuvieron en la subocupación
.
De la población ocupada, la mayoría sostiene actividades en el sector terciario o de servicios, donde se concentran 29.7 millones de personas (62.3%). Esa población realiza labores de comercio; restaurantes y servicios de alojamiento; transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento; servicios profesionales, financieros y corporativos; servicios sociales, así como servicios diversos.
El otro sector que abarca a 11.3 millones de trabajadores (23.7%) es el secundario, en el que la mayoría trabaja para la
industria manufacturera; la industria extractiva y de la electricidad, así como el sector de la construcción.
Mientras que en el sector agropecuario laboran 6.4 millones de personas (13.4% del total).
En diciembre pasado, la iniciativa privada alertó por los elevados niveles de informalidad prevalecientes en el país, ya que 6 de cada 10 mexicanos ocupados están en esta situación, por lo que hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto a reactivar “de inmediato” los trabajos de la comisión intersecretarial para combatir no sólo la informalidad sino la economía ilegal, que incluye piratería, contrabando y ambulantaje.
Hasta la fecha, el Ejecutivo federal sólo ha mandado señales de atacar el problema mediante una reforma hacendaria.
De hecho, el martes 7, el secretario de Hacienda Luis Videgaray sostuvo que “tendrá varios objetivos, incluyendo el que sea una reforma que promueva la competitividad de la economía, simplifique el marco fiscal, fortalezca la capacidad financiera del Estado mexicano, no solamente del gobierno federal sino de los tres niveles de gobierno, y uno de los objetivos principales será combatir la informalidad”.
En tanto, la presentación de esa reforma está planeada para el segundo semestre del año.
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