Hermosillo, Sonora (DP).- En otra triste historia que quedará en los pasajes de la injusticia en Sonora en la actual administración, ejidatarios de San Antonio de la Huerta son procesados penalmente por protestar contra la inclemente devastación ecológica de la mina “La Libertad”, propiedad de las compañías Zaruma Resources, Inc. y Minerales Libertad, S. A. de C. V.; mientras, el Gobierno del Estado avala la contaminación ambiental y del agua del río que enferma a los pobladores.
El Gobierno del Estado realiza una investigación, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sobre el bloqueo al acceso de la mina canadiense La Libertad localizada en el municipio de Soyopa, Sonora donde detuvo a 46 ejidatarios; sin embargo, ignora la contaminación, devastación ecológica y daños a la salud provocados a la población por la compañía que extrae, explota y exporta el oro de la región.
Representantes de los afectados dicen que una vez más, el Gobierno del Estado de Sonora muestra a través de la Procuraduría General de Justicia y agentes de la Policía Estatal, la política de represión contra humildes ejidatarios de San Antonio de la Huerta que protestaron en las instalaciones de la PGJE por la detención de más de 40 pobladores que protestaron contra la contaminación y devastación de la compañía minera.
Los inconformes señalaron a Dossier Político que el Gobierno del Estado actúa como cómplice y permite la despiadada contaminación del subsuelo, agua y ambiente que ha devastado las inmediaciones donde la empresa canadiense extrae desde hace años el valioso oro de Sonora con el consentimiento de las autoridades estatales.
Después de 8 horas de protestar frente a Palacio de Gobierno y después trasladarse a las instalaciones de la PGJE por la calle Rosales y Paseo del Río, las autoridades decidieron desarticular el plantón y arremetieron contra medio centenar de pobladores que exigían la libertad de sus compañeros.
De este vergonzoso actuar del Estado vía agentes de la PEI, la CEDH Sonora registró los hechos y ya integró el Expediente de Queja de manera oficiosa por lo realiza las investigaciones para deslindar responsabilidades tanto por la detención de quienes protestaron por la contaminación como por el desalojo donde se utilizó la fuerza pública en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia y el bloqueo de la calle Rosales.
La Policía Estatal utilizó casi un centenar de elementos en esta acción para abrir la circulación por la citada rúa, una medida que justificaron legal luego del bloqueo de las vías generales de comunicación, acción que provocó una trifulca donde decenas de manifestantes resultaron agredidos por los policías de la PEI durante el desbloqueo.
La Libertad, blindada
Sobre los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó a la prensa que por la mañana del viernes habían sido trasladados a Hermosillo 46 ejidatarios y pobladores de San Antonio de la Huerta luego de la minera La Libertad interpuso una querella contra quienes bloquearon el acceso al complejo minero.
“Los ejidatarios son propietarios de los terrenos y tienen un contrato firmado de arrendamiento con los dueños de la mina, que aún está vigente, entonces al estar impidiendo el acceso a la mina están violando el contrato de arrendamiento que tienen firmado”, dijo la vocera quien no dio a conocer el nombre de la mine La Libertad.
Ante el bloqueo, la PGJE determinó ejecutar una orden de restitución sin precisar si fue emitida por un juez; sólo se detuvo a las personas, y se les trasladó a Hermosillo para ponerlas a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración, “en el ínter se presentan personas a la Procuraduría y bloquean el acceso a una de las vías de las arterias viales más importantes de la Ciudad”.
“A pesar de que los atiende el director de Averiguaciones Previas, les recibe su inquietud, los canaliza con la Subsecretaría de Gobierno, a pesar de que los canaliza, ellos siguen bloqueando la vía pública; por ese motivo se trasladan varios elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal Investigadora, les piden de nueva cuenta que por favor se retiren de la calle, no acceden y ahí se detienen a cinco personas, por el delito que es bloqueo a la vía pública”, justifica la funcionaria de nombre Tatiana Gómez Unger.
Además, en su presentación a los medios de comunicación dijo que el centenar de policías estatales que participaron en el desbloqueo de la calle Rosales fueron agredidos por los manifestantes:
“En su afán de no acatar las órdenes, de no cumplir, empiezan a lanzar patadas y golpes y los tienen que someter, se tiene que hacer uso obligado de la fuerza para someter a la gente que se resiste al arresto; pero de ninguna manera se viola el derecho a nadie, ni se llega a golpear a nadie, si resultan con golpes es porque se resisten y patean, golpean y demás, se tienen que abalanzar sobre ellos, y detenerlos, asegurarlos”, refiere.
Por ello defendió el proceder de los policías estatales y municipales y sostuvo que la autoridad en ningún momento actuó de manera arbitraria pues fueron los ejidatarios quienes cometieron la ilegalidad al violar las cláusulas del contrato con la empresa minera.
Increíblemente, el Gobierno del Estado y la PGJE investigan una violación de contrato y no una devastación inclemente de la región y permite que la minera La Libertad contamine sin piedad y enferme a las familias de San Antonio de la Huerta, Soyopa, Sonora, México.
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