México, DF. Con mayoría de cinco votos a tres el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó devolver los dictámenes de los informes de gastos de campañas presidenciales a la Unidad de Fiscalización a efecto de que precisen criterios sobre las razones por las cuales se realizaron los prorrateos y cómo se debe entender "campañas beneficiadas.
Tras un largo debate de casi seis horas, se aprobó esta determinación que implicará empatar los procesos de fiscalización de la campaña presidencial con los informes de gastos de diputados y senadores.
Impulsado por los consejeros, Lorenzo Córdova, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, María Marván y Macarita Elizondo se reconoció que el acuerdo aprobado en mayo pasado para adelantar la fiscalización de las campañas presidenciales distorsionó el esquema integral que la legislación tiene con respecto a la fiscalización de las campañas federales.
Córdova fue quien explicó que devolver el expediente implicaba cancelar los efectos del acuerdo mencionado que en su momento se aprobó a instancias de la coalición de izquierda. Aseguró que empatar la fiscalización, como lo dispone la reglamentación en la materia permitirá "no solamente ver el árbol, sino el bosque", así como dejar claramente definido en qué casos se debe prorratear el gasto centralizado y entre qué campañas.
Figueroa argumentó que la aplicación de los criterios de prorrateo han generado la simulación de los reportes de gastos de campaña pues implica que acorde con los porcentajes que designe el partido, el costo de un evento o producto, puede tener un costo ínfimo para una campaña presidencial y muy elevado para una de diputados.
En contraste, los consejeros, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, principalmente, cuestionaron la incongruencia de devolver los dictámenes cuando en su momento el propio Consejo General había determinado adelantar la fiscalización de los gastos de las campañas presidenciales.
A su juicio, no había motivo para postergar la votación sobre los dictámenes porque los criterios de prorrateo están claramente definidos en el reglamento de fiscalización aprobado en 2011.
Mientras los consejeros dejaban claro sus posturas encontradas, el PAN y el PRD descalificaron en duros términos el prorrateo aplicado por la Unidad de Fiscalización cuyo desempeño calificaron de parcial y con el objetivo de beneficiar al informe de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto.
Consideraron que hubo numerosas incongruencias en los criterios aplicables que no fueron los mismos para revisar los gastos de Peña que el del resto de los candidatos.
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