En 2012
mataron a 132 en NL y hay 500 niñas y jóvenes extraviadas, señala la asesora de
ONG
Lista de
desaparecidos en Nuevo León Foto Sanjuana Martínez
Domingo 25 de noviembre de 2012, p. 7
Cuerpos
torturados, mutilados y con violencia sexual fueron lanzados a las calles,
canales, vías del tren, cunetas de carretera, desagües (...) El saldo de Felipe
Calderón: 4 mil 112 asesinatos de mujeres y 3 mil 976 desaparecidas sólo en los
últimos dos años: “El fenómeno de ‘las muertas de Juárez’ se extendió por todo
el país”, dice Yuriria Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir.
Los casos
se fueron acumulando: las primas Arely Sarahí Montelongo Flores y Jeniffer
Rodríguez Flores, ambas de 16 años, decidieron ir a una fiesta en Saltillo,
Coahuila, un domingo del mes pasado. Tres días después sus cuerpos aparecieron
con signos de tortura sexual y el rostro desfigurado, tiradas en un desagüe del
municipio de García, Nuevo León.
Sólo en
Nuevo León, este año fueron asesinadas 132 mujeres, y más de 500 niñas y
jovencitas de entre 10 y 20 años están desaparecidas. Hemos ganado dos amparos:
en Nuevo León y el estado de México, dice la abogada especialista en feminicidios
antes de ofrecer una charla en Monterrey en el contexto del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
Se lo
merecían
Buena
parte de las 132 víctimas de Nuevo León han sido expuestas en la vía pública y
40 por ciento no fueron identificadas, lo cual denota otro problema: la trata
con fines de explotación sexual y laboral. Durante varias semanas, el número de
crímenes se incrementó en el estado. El cuerpo de una mujer de 25 años fue
localizado en medio de un canal de riego, 20 kilómetros al norte de
Montemorelos; otra fue llevada a la orilla de unas vías del tren, donde fue
asesinada a balazos en la cabeza y el tórax; otra lanzada a las calles de la
colonia Coyoacán; una joven fue tirada en la cuneta del Libramiento Noreste con
los pies atados y la cabeza cubierta con cinta adhesiva, y una más ultimada a
golpes y tirada en una calle de Guadalupe con un mensaje... todas con huellas
de tortura.
Están
siendo asesinadas cada vez con más altos índices de violencia y con mayor
exhibición de sus cuerpos. Todo esto tiene que ver con un patrón social: tirar
a una mujer torturada y asesinada en la calle significa que algo hizo. Ese es
el mensaje que está dando el Estado, comenta Yuriria Rodríguez.
Explica
que “la mayoría de cadáveres hallados en lugares públicos en todo el país, y de
los que se desconoce su identidad, pueden llegar a ser mujeres migrantes
cooptadas por el crimen organizado y utilizadas para explotación sexual, como halcones
o cocineras de algún grupo de la delincuencia, pero ellas no tienen nada que
ver, aunque el Estado las involucre y afirme que 70 por ciento pertenecían al
crimen organizado. Mentira”.
El
incremento de la violencia feminicida durante el sexenio de Calderón va
unido a la negativa de algunos estados de la República a declarar la alerta de
género, mecanismo de acción urgente ante la falta de prevención para erradicar
la violencia contra las mujeres, el cual fue rechazado por varios gobernadores
sin argumentos jurídicos y sólo bajo la concepción equivocada de que se trata
de un castigo o un golpe político.
Esta
negativa de los estados de México, Nuevo León o Guanajuato ha provocado un
aumento considerable en la violencia contra ellas: en Nuevo León, por ejemplo,
los feminicidios crecieron 698 por ciento en dos años, según la
organización Arthemisas por la Equidad, que denunció la deficiencia de las autoridades
para investigar los homicidios.
De
acuerdo con estadísticas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,
la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, a cargo de Adrián de la Garza,
señaló que de 132 asesinatos de mujeres, 52 por ciento fueron resultado de la
delincuencia organizada, pero sólo consignó a los homicidas en 30 por ciento de
los casos.
Familiares
de desaparecidos exigen investigación sobre su paraderoFoto Sanjuana Martínez
“Las
autoridades nos dicen que más de 70 por ciento de los casos que están
documentando de estos crímenes son mujeres que fueron ultimadas por el crimen
organizado, por tanto, afirman que son narcotraficantes y no investigan. Ese es
el mensaje que mandan a la sociedad: como pertenecían al narco, no
resolvemos los asesinatos”, dice Yuriria Rodríguez.
Los
patrones discriminatorios de la autoridad han provocado el aumento considerable
en los feminicidios y las desapariciones. Son una especie de caldo de
cultivo que genera los homicidios contra ellas y que siguen mandando este
mensaje: a las mujeres las pueden matar en cualquier parte; para nosotros, se
lo merecían, porque eran narcotraficantes y no habrá responsables. Sigan
matando mujeres.
La
impunidad no ha permitido el acceso de las mujeres a la justicia. En el caso
del asesinato de Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo, cometido por
Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien fue ultimado hace unos días por el
Ejército, la reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, fue dar carpetazo
al asunto: “Ya lo matamos, ya no investiguen. Al contrario, deben
continuar las investigaciones para lograr una verdadera reparación del daño no
sólo moral, sino con garantías de no repetición de este tipo de delitos”,
comenta.
Alertas
de género
El
mecanismo existente en México para prevenir la violencia contra las mujeres,
denominado alerta de género, es único en el mundo; surgió después del fenómeno
de las llamadas muertas de Juárez, para evitar que se extendiera en todo
el país, con base en la coordinación de las autoridades estatales y federales y
recursos económicos destinados para ello.
“Nosotros
estamos identificando un contexto de violencia sistemática en diferentes estados
de la República, donde convergen varios factores: cruce de migrantes internos y
externos, altos indices de violencia contra el sector femenino, no sólo en
materia doméstica, sino en la comunidad; índices de feminicidio y, sobre
todo, en estados donde hay falta de control de las fuerzas armadas y
policiacas”, explica Yuriria Rodríguez.
Los
mayores índices de violencia contra ellas se presentan en Chihuahua, Veracruz,
estado de México, Nuevo León, Morelos, Chiapas y Guerrero: Las alertas
significan mayor atención del Estado, recursos federales y acciones para
erradicar las agresiones contra ese sector de la población.
En el
caso del estado de México, el ex gobernador Enrique Peña Nieto se negó a la
alerta de género: “no había investigaciones ni sentencias; incluso, de mil
casos, en 592 no se conocía la relación víctima-victimario. Si se hubiera
metido una declaratoria de alerta se habrían generado protocolos con
perspectivas de género y acciones para evaluar el trabajo de las fiscalías. No
se hizo y allí sigue el mismo patrón sistemático de violencia contra las
mujeres y cero acceso a la justicia. Se dieron cientos de carpetazos”.
Para el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 50
organizaciones de 20 estados, Felipe Calderón tiene una deuda con las mujeres y
debe saldarla antes de irse. Yuriria Rodríguez no tiene duda: “una de las cosas
que debe hacer Calderón antes de irse es publicar la reforma al Reglamento de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para
garantizar la aplicación inmediata de la declaratoria de alerta, erradicar los feminicidios
y salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres”.
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