Pese a los anuncios del gobierno federal, la situación en Michoacán sigue resumiéndose en una palabra: desastre. Enrique Peña Nieto anunció 45 mil millones de pesos para salvar la entidad, pero hizo trampa. De acuerdo con un experto en finanzas públicas, ese dinero ya estaba preetiquetado. Acciones más efectivas –como condonar la deuda estatal, igual que hizo con Cuba– simplemente no fueron consideradas por el presidente. Mientras tanto, en el estado se registra una ejecución cada seis horas y los hoteles de Tierra Caliente se van secando con una ocupación que sólo llega a 3%.
MORELIA, Mich. (Proceso).- Cada vez que va de gira regresa agotado. Por eso casi no sale de la casa de gobierno. Fausto Vallejo lleva dos años como gobernador, de los cuales seis meses estuvo ausente por enfermedad. El año y medio restante ha sido un desastre.
Esta entidad arrastra una deuda de más de 25 mil millones de pesos, su crecimiento económico apenas fue de 1% el año pasado, perdió mil 800 empleos en 2013 y es escenario de un grave conflicto armado en la región de Tierra Caliente.
Según el presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, Heliodoro Gil, es falso que el presidente Enrique Peña Nieto haya destinado 45 mil 500 millones de pesos para rescatar el estado, pues casi todo ese monto ya estaba previsto en el presupuesto federal. Si acaso, explica, los recursos nuevos que recibirá la entidad arañan los mil 200 millones.
La inseguridad costó más de 8 mil millones de pesos sólo en Tierra Caliente y en sólo cuatro meses. Eso explica que justamente ahí, hace un año, se alzaran en armas grupos de autodefensa. Hoy esas guardias comunitarias están en 25 de 113 municipios.
La violencia no ha cedido a pesar de los 10 mil policías y soldados enviados por Enrique Peña Nieto. En los últimos 30 días –contados desde que Alfredo Castillo fue nombrado comisionado para la paz, el 15 de enero– se contaron 114 ejecuciones.
Hay una crisis más: la de gobernabilidad. El secretario de Gobierno, Jesús Reyna, es acusado por las autodefensas de proteger a Los Caballeros Templarios, igual que decenas de policías y funcionarios. Además, todo el aparato de procuración de justicia y los mandos de la policía estatal y municipal fueron desplazados por agentes del Estado de México traídos por el comisionado Castillo, quien posee un amplio margen de maniobra gracias a un decreto considerado anticonstitucional por el exgobernador Leonel Godoy (PRD).
Ante este panorama, versiones acerca de una eventual salida del priista Fausto Vallejo comenzaron a propalarse en vísperas de su segundo informe de gobierno, al que asistieron una decena de gobernadores y la plana mayor del PRI. Entre los que se mencionaban como probables sustitutos estaban el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Silva; el joven diputado local Fernando Orihuela; su padre, el senador Asunción Orihuela; la senadora Rocío Pineda Silva, y Wilfrido Lozano Medina, alcalde de Morelia.
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