MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Todo parecía perfecto este 2012 en la cúpula directiva de Televisa: se impuso a la lógica y consiguió la autorización de la Comisión Federal de Competencia para fusionarse con Iusacell, empresa de su presunto competidor, Televisión Azteca. Sus ingresos y ganancias se incrementaron, sobre todo, en la rama de televisión satelital y en telecomunicaciones.
A nivel político Televisa logró lo que quería. Su cliente consentido, Enrique Peña Nieto, fue nombrado candidato presidencial del PRI. El sexenio falleciente de Felipe Calderón Hinojosa les entregó, como nadie, una fortuna en contratos publicitarios. Su principal adversario, Carlos Slim, con todo y ser el magnatemás rico del mundo, según Forbes, no pudo lograr el cambio de título de concesión en materia publicitaria. Y su competidor en televisión restringida, MVS, se quedó sin el refrendo para explotar la banda 2.5 Ghz, que aceleraría el proceso de acceso a la banda ancha inalámbrica.
La riqueza y la ostentación son visibles entre los directivos que a los treinta años llegaron a dominar en 1997 la principal compañía de comunicación en el mundo de habla hispana. El yate de Emilio Azcárraga Jean, publicado por Proceso, opaca al de su propio padre, “El Tigre”Azcárraga Milmo.
Televisa es juez y parte en los juegos de la cañería del poder. No es una empresa solamente dedicada a la comunicación y a la venta de publicidad; es un protagonista de los juegos del poder, por encima de sus accionistas. Junto con TV Azteca promovió una telebancada que en 2012 se volvió más numerosa que nunca. También tiene a su servicio tele-gobernadores que emulan el síndrome Peña Nieto dándoles carretadas de dinero, favores y concesiones para quedar bien “con Emilio”.
Sin embargo, su año de mayor poder comenzó a ser su periodo de mayor impugnación social, sobre todo, entre las nuevas generaciones de jóvenes universitarios que formaron el movimiento #YoSoy132. La prensa internacional, especialmente The Guardian, difundió las irregularidades del convenio secreto entre Televisa y Peña Nieto que desde 2005 reveló Proceso. Y cuando la tormenta parecía haber pasado, surgió el expediente polémico y explosivo de la “caravana de Nicaragua”: las seis camionetas y los 18 mexicanos detenidos el 20 de agosto se convirtieron en la pista más delicada de infiltración o colusión del crimen organizado en el seno de Televisa.
Nunca imaginaron los dueños de Televisaque un movimiento de jóvenes en redes sociales para impugnar a Enrique Peña Nieto se transformara en su verdadero dolor de cabeza. #YoSoy132 le puso el cascabel a Azcárraga.
Los “papelitos” que tanto despreciaron como apócrifos sobre el convenio secreto con Enrique Peña Nieto (el primero de 746 millones de pesos por un año) trascendieron las fronteras mexicanas. Televisa fue observada en Gran Bretaña y Estados Unidos como una empresa que negocia y manipula la competencia política a través de la venta subrepticia de notas, entrevistas y presentaciones en programas de espectáculos.
Un poder fáctico puro y duro, como dirían los anglosajones o una televisora capaz de “secuestrar al Estado” en los términos que analiza el Banco Mundial. Una empresa que “erosiona la democracia” mexicana, según Freedom House.
Como cereza del pastel, Televisa se vio envuelta en un escándalo de dimensiones aún desconocidas. El 20 de agosto fueron detenidos en Nicaragua 18 mexicanos que viajaron durante más de 40 veces por Centroamérica con camionetas con el logotipo de Televisa, equipadas como si fueran a transmitir enlaces directos. Y con 9.2 millones de dólares en efectivo y droga.
Acostumbrada a aplastar y no a informar, Televisa decretó primero la ley del silencio. Negó rotundamente que camionetas y detenidos trabajaran para la empresa. Contó con el favor obsequioso de la PGR, la PGJDF, la cancillería y hasta los diplomáticos mexicanos en Nicaragua que estaban más pendientes de defender el “buen nombre” de la empresa que investigar lo sucedido.
La insistencia y persistencia profesional del espacio informativo de Carmen Aristegui en MVS Radio, así como la cobertura de otros medios periodísticos de Nicaragua y México (especialmente la revista Proceso) demostraron las contradicciones de la versión de la empresa y revelaron documentos y testimonios que constituyen indicios de que, al menos, Televisa fue infiltrada por un grupo del crimen organizado. La pregunta es si fue con el consentimiento o no de sus directivos.
Lo peor para Televisa es que el escándalo coincide con su peor crisis de credibilidad frente a sus audiencias. Las heridas de 2012, los agravios de millones de mexicanos que observaron durante siete años el cuidadoso empeño de la empresa para encumbrar a Peña Nieto, no se cerraron.
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