MÉXICO, D.F. (apro).- La Central Campesina Cardenista (CCC) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto frenar la siembra de maíz transgénico; no hacerlo, advirtió, “profundizará la dependencia alimentaria y llevará a desequilibrios ambientales en el país”.
En un comunicado, la organización que encabeza Max Correa Hernández aseguró que los transgénicos “contaminan los mantos acuíferos y los suelos, y afectan la flora y fauna que convive con el maíz”.
El líder campesino agregó que la producción de maíz transgénico contamina por polinización los cultivos tradicionales –un proceso irreversible– y también genera semillas híbridas que pueden reducir de manera “alarmante” la biodiversidad y riqueza natural del principal alimento de los mexicanos.
El maíz y sus derivados forman parte de los alimentos básicos de la población nacional, mientras que la principal entidad productora es Sinaloa. Anualmente, el país produce un promedio de 21 millones de toneladas, sin embargo, importa alrededor de 10 millones.
La CCC aseguró que “estamos convencidos de que la única manera de lograr la soberanía alimentaria es por medio de la agricultura campesina, e incluso se han presentado propuestas científicas donde se demuestra que apoyando a los pequeños productores del país y tecnificando el sur-sureste podemos lograr la soberanía alimentaria sin arriesgar la riqueza natural de México”.
Por tal motivo, propuso al gobierno federal ocho puntos para impedir la siembra de maíz transgénico en territorio nacional:
El primero consiste en prohibir la introducción y producción de semillas transgénicas de maíz, en el entendido de que México es un país de origen de este grano básico. En segunda, promover la producción biodiversa de maíz criollo.
La tercera propuesta apunta a prohibir la contaminación entre semillas transgénicas y silvestres, penalizando a las empresas que ponen en riesgo el maíz criollo; aparte de etiquetar estrictamente todo producto que contenga ingredientes transgénicos.
La organización campesina también propuso el establecimiento de un banco de germoplasma que resguarde la riqueza de nuestro país, así como la generación de un programa de atención que prevenga y atienda a los productores afectados por la toxicidad de productos agroquímicos.
Asimismo, controlar los monopolios u oligopolios de la producción de semillas y alimentos e impedir la privatización del patrimonio natural del país.
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