A medida que se acerca la votación en el estado de Washington sobre la obligación de etiquetar los productos transgénicos se agudiza la batalla entre activistas que luchan por el "sí" y compañías que invierten millones de dólares contra esa ley.
El 5 de noviembre los votantes acudirán a las urnas en el estado de Washington para aceptar o rechazar la iniciativa I-522, que obliga a los productores a etiquetar los alimentos genéticamente modificados.
Los partidarios de la iniciativa I-522 argumentan que es una cuestión de transparencia y que los consumidores tienen derecho a saber si el producto que compran contiene organismos genéticamente modificados o no. Además, no dejan de subrayar que los productos GMO son dañinos para el organismo humano o animal y también causan problemas medioambientales.
Los opositores a la medida, encabezados por la asociación Grocery Manufacturers (GMA, por sus siglas en inglés), afirman que no hay nada perjudicial en comer alimentos genéticamente modificados y consideran que la iniciativa es "errónea". Asimismo, argumentan que ese paso conllevaría pérdidas para la agricultura y un alza de los precios.
"Decenas de miles de alimentos y bebidas tendrían que ser reetiquetados exclusivamente para el estado de Washington y además los productos llegarían a las estanterías de los supermercados con precios más altos", dijo en un comunicado el portavoz de GMA Brian Kennedy y añadió que de ser aprobada la medida "aumentarán en cientos de dólares al año los costos de los alimentos para una familia media de Washington".
Entre tanto, ambas partes, a favor y en contra, han invertido 28 millones de dólares en la campaña, pero la mayor parte del dinero (22 millones de dólares) viene de los grupos que se oponen a la aprobación de la ley. Solo la asociación GMA, que actúa en nombre de más de 300 compañías de alimentos y de bebidas, ha recaudado unos 11 millones de dólares para frenar la I-522. Otras compañías como PepsiCo, General Mills, Nestlé y Monsanto, son los principales contribuyentes de fondos. Solo Monsanto aportó más de cinco millones de dólares.
"Estas compañías invierten el dinero desesperadamente hasta el último momento para tratar de 'comprar' estas elecciones", dijo a Reuters Liz Larter, la portavoz de la campaña 'Yes on 522' ('Sí a la I-522').
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