MÉXICO, D.F. (apro).- Los 58 hombres consignados por los disturbios del pasado sábado 1, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México, fueron acusados del delito de ataque a la paz pública calificada en pandilla, que es considerado grave, por lo que no alcanzan libertad bajo fianza.
Así lo determinó la juez Patricia Mora Brito, titular del Juzgado 47 de lo Penal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, luego de que los inculpados rindieron su declaración preparatoria.
Sobre el grupo de 11 mujeres consignadas por la misma falta y quienes se encuentran en prisión preventiva en el Centro Femenil de Santa Martha, señaló que aún falta tomarles su declaración.
Por separado, los defensores de los acusados solicitaron la duplicidad del término constitucional para la aportación de pruebas, por lo que será hasta dentro de 144 horas cuando se les dicte auto de formal prisión o libertad.
Según el movimiento #YoSoy132, varios de sus compañeros fueron detenidos de forma arbitraria el día de los enfrentamientos, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Centro Histórico, por lo que se han dado a la tarea de conseguir los datos directamente con los familiares de aquéllos.
Para coordinar la defensa de los 69 detenidos, integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos, Asociación de Abogados Democráticos, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Coalición de Abogados Zapatistas, entre otros, se unieron para consolidar la Liga 1 de Diciembre.
Y mientras esas agrupaciones se encargan de la defensa de los inculpados, #YoSoy132 recopila la evidencia de lo que califican como “represión de Estado”.
Sobre el caso, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Plascencia, sostuvo que las autoridades deben dar una muestra clara de que no hay impunidad ni tolerancia ante actos vandálicos, y se pronunció por que en las investigaciones que se llevan a cabo se demuestre la responsabilidad de quienes se acusa.
Afirmó que la CDHDF dará seguimiento puntual a las investigaciones y el próximo jueves 6 presentará un informe previo de los hechos.
El ombudsman capitalino indicó que el organismo que preside ha recibido diversas quejas en las que se señala que el día de los disturbios se registró la detención de personas que paseaban por la Alameda Central, y la actuación de la policía, dijo, sorprendió a la ciudadanía por el exceso de la fuerza.
No obstante, consideró que no se pueden fincar responsabilidades en ese sentido, ya que el día de los enfrentamientos pudo haber confusión y falta de claridad en las instrucciones por el cambio de poderes.
González Plascencia evitó calificar a los detenidos como “presos políticos”, y señaló que se debe tener cuidado con el término, ya que una cosa es el derecho a la manifestación y otra los actos vandálicos como los que se registraron el pasado sábado 1.
Según una nota publicada este martes por el diario Reforma, los provocadores que participaron en la protesta violenta contra Enrique Peña Nieto planearon sus ataques desde cuando menos dos semanas antes.
El diario cita fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las cuales afirman que mediante redes sociales los agresores fueron convocados a participar en acciones violentas a cambio de 300 pesos.
Refiere que hubo una reunión física en la delegación Cuauhtémoc, en la que los agitadores acordaron detalles de cómo ejecutar los actos vandálicos, y posteriormente la comunicación fue vía Internet.
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