Documentan presión y compra de voto en favor del PVEM-PRI en Chiapas

México, DF. En meses recientes confluyeron en Chiapas las campañas electorales federal y estatal, con efectos sociales preocupantes. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) documenta en un amplio informe “la presión política que se ejerció en los pueblos y comunidades, con la finalidad de que sufragaran, mediante la compra de votos y otros medios clásicos de corrupción electoral, por la alianza de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza (Panal), convirtiendo al "verde" en primera fuerza política y dejando "una profunda fragmentación en las comunidades”.

El Frayba ha monitoreado el conflicto armado interno en Chiapas desde su inicio, dando cuenta de las diversas coyunturas, caracterizadas siempre por una política de contrainsurgencia dirigida al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo; ésta se agudiza “cuando se trata de cambio de estafeta y reparto del control del político”. El abogado Pedro Faro, de dicho centro, refiere: “Hemos ubicado un patrón de violencia recurrente durante los cambios electorales, que desatan enconos y conflictos entre los grupos de poder por los puestos de gobierno, y una vez establecido el escenario esencial, se desprenden acciones para golpear al enemigo. En estas circunstancias es especifica la disputa por los territorios recuperados del EZLN”.

Entre mayo y septiembre de 2012, apunta Faro, “hemos monitoreado la continua estrategia de confrontación comunitaria que el gobierno, en sus tres niveles (municipal, estatal y federal), realiza en las comunidades autónomas zapatistas por medio de grupos de poder local, los cuales se benefician de protección” que se les brinda. Desde 2000 “se ha ido construyendo una Guerra Integral de Desgaste” y a la par el gobierno, “a través de los medios de comunicación, tergiversa los desplazamientos forzados, las agresiones armadas y los hostigamientos que hoy están recibiendo las bases de apoyo del EZLN”. Este escenario se corrobora con las acciones hostiles en curso contra los municipios autónomos rebeldes zapatistas (MAREZ) y las comunidades San Marcos Avilés, Comandante Abel, Jechvó y Banavil.

Al analizar “el estado actual del conflicto interno”, Faro sostiene que en lo político se mantiene el doble discurso: “por un lado, el gobierno federal invisibiliza al EZLN y por el otro, el estatal expresa atender sus demandas, desmarcándose como contendiente, y se presenta como administrador de los escenarios y mediador de los conflictos, calificados como ‘intercomunitarios’”.

Sin embargo, “el gobierno estatal juega un rol fundamental en la guerra desgaste, especialmente con el uso de los recursos económicos para la confrontar y cooptar organizaciones o comunidades que resisten al sistema, sobre todo en el ámbito de servicios y estructura política”. La utilización de los medios de comunicación por parte de los gobiernos, “trata de bloquear la postura del EZLN y las organizaciones que difieren de las políticas gubernamentales”. El gobierno “impone su opinión o desvía la atención con publicidad turística o la difusión de logros y avances del gobierno que se autodenomina de ‘vanguardia’, siendo que da continuidad a la política de descolocar el proceso autonómico y la resistencia civil y pacifica construida a partir del cese al fuego, en la apuesta de dar cumplimiento unilateral a los Acuerdos de San Andrés, desconocidos por el gobierno mexicano”.

La estrategia de contrainsurgencia se ha operado de manera muy patente en las incursiones armadas de grupos de corte paramilitar de Sabanilla en la comunidad Comandante Abel, que dio como consecuencia el desplazamiento forzado de 87 personas. Estos son los hechos, a pesar de que el gobierno local “trata de ocultar las consecuencias de su política de violencia utilizando un discurso de ‘derechos humanos’ a través de reformas que en la práctica son leyes muertas y del Consejo Estatal de Derechos Humanos, que sirve como operador político (según) los intereses del gobierno para avalar y mantener la impunidad”.

FUENTE: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/11/12/15205834-documentan-presion-y-compra-de-voto-en-favor-del-pvem-pri-en-chiapas